Inquilino que no se va de la casa

Cuando se habla de un inquilino que no se va de la casa, jurídicamente no siempre estamos ante el mismo problema. Puede tratarse del fin del contrato de arrendamiento, de una resolución del contrato de alquiler por impago u otro incumplimiento, o de la falta de entrega posesoria efectiva de la vivienda una vez extinguido el arriendo. La respuesta legal dependerá del título vigente, de la causa de extinción y de la documentación disponible.

Dicho de forma breve: si el arrendatario no entrega la vivienda al terminar el contrato o tras un incumplimiento relevante, el arrendador debe revisar primero si el arriendo se ha extinguido o resuelto válidamente y, en su caso, valorar la vía judicial adecuada para recuperar la posesión del inmueble. Lo que no procede es actuar por cuenta propia cambiando cerraduras, cortando suministros o presionando al ocupante.

Qué significa jurídicamente que un inquilino no se va de la casa

La expresión SEO inquilino que no se va de la casa no es una categoría jurídica cerrada. Conviene distinguir, al menos, tres escenarios:

• Vencimiento del contrato: el plazo contractual ha terminado y no existe ya título suficiente para seguir en la vivienda.
• Resolución por incumplimiento: por ejemplo, por falta de pago de renta o cantidades asimiladas, o por otros incumplimientos relevantes.
• Permanencia posterior a la extinción: el contrato ha terminado, pero no se produce la devolución material de la finca.

Esta distinción es importante porque no basta con afirmar que el inquilino no se va. Habrá que valorar por qué sigue en la vivienda, si existió prórroga legal o convencional, si hubo requerimientos previos y qué acción puede ejercitarse con mayor fundamento.

Cuándo puede entenderse extinguido o resuelto el contrato de alquiler

Expiración del plazo

En muchos casos, la cuestión gira en torno al vencimiento del contrato y sus posibles prórrogas legales aplicables. No siempre la fecha inicial firmada marca, por sí sola, el final efectivo del arriendo. Conviene analizar la duración pactada, las prórrogas legales aplicables y las comunicaciones entre las partes para saber si realmente se ha producido el fin del contrato de arrendamiento.

Impago u otros incumplimientos

Si existe impago de renta, de cantidades asimiladas o un incumplimiento contractual relevante, puede entrar en juego el artículo 27 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, que regula la resolución del contrato por incumplimiento. Ese precepto es una referencia básica, pero su aplicación concreta dependerá de los hechos acreditables y del contenido del contrato.

Además, una vez extinguido el arriendo, el artículo 1561 del Código Civil encaja para explicar la obligación del arrendatario de devolver la finca al concluir el arrendamiento tal como la recibió, salvo lo que haya perecido o se haya menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.

Qué conviene revisar antes de reclamar la entrega de la vivienda

Antes de decidir qué hacer si el inquilino no se va, conviene revisar con calma la base documental del caso. Una reclamación precipitada puede debilitar la posición del arrendador si todavía existen dudas sobre la vigencia del contrato de arrendamiento o sobre la causa de extinción.

• Contrato de arrendamiento y anexos.
• Pactos sobre duración, desistimiento, prórrogas y entrega de la vivienda.
• Comunicaciones entre arrendador y arrendatario, incluidos requerimientos previos.
• Justificantes de pago o impago de rentas y suministros, si son repercutibles.
• Inventario y estado de la vivienda, si resulta relevante para la entrega.

También puede ser útil comprobar si el ocupante sigue pagando rentas y cómo se han recibido, porque determinadas conductas posteriores al vencimiento pueden exigir un análisis más fino sobre la situación posesoria y contractual.

Qué opciones puede valorar el propietario para recuperar la posesión

Negociación previa y requerimiento

En algunos supuestos puede ser razonable intentar una salida pactada o cursar un requerimiento formal de entrega de la vivienda. Esto no sustituye la necesidad de valorar la vía legal, pero puede ayudar a fijar la posición del arrendador y a dejar constancia de la reclamación.

Vía judicial cuando proceda

Si no hay entrega voluntaria, puede ser necesario acudir a la vía judicial para recuperar la vivienda alquilada. Cuando la causa sea la falta de pago o la expiración del plazo, suele encajar el juicio verbal de desahucio, pero habrá que confirmar que ese cauce corresponde al caso concreto. Si se inicia una reclamación judicial por estas causas, el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resulta relevante en la tramitación de los juicios verbales de desahucio.

No todos los supuestos se presentan igual. Por eso, antes de promover un desahucio por expiración del plazo o por impago, conviene analizar si la extinción está bien fundada y si la prueba disponible permite sostener la pretensión con seguridad jurídica.

Errores que conviene evitar cuando el inquilino sigue en la vivienda

• Dar por hecho que, porque el contrato haya vencido, la recuperación de la posesión es automática o puede hacerse por la fuerza.
• Cambiar cerraduras, cortar suministros o entrar en la vivienda sin cobertura legal.
• Reclamar sin revisar prórrogas, comunicaciones previas o pagos realizados.
• Usar un cauce procesal sin valorar si encaja realmente con la causa del conflicto.

Uno de los errores más frecuentes es creer que basta con que el inquilino no se vaya para poder actuar de hecho. En España, la recuperación de la posesión debe realizarse por la vía jurídica adecuada, con especial cuidado cuando se trata de una vivienda arrendada.

Conclusión: cómo actuar si el inquilino no entrega la casa

Si existe un inquilino que no se va de la casa, lo primero es identificar si estamos ante un vencimiento del contrato, una resolución por incumplimiento o una permanencia sin título suficiente tras la extinción del arrendamiento. A partir de ahí, conviene revisar contrato, prórrogas, requerimientos y justificantes de pago o impago antes de decidir la estrategia.

La actuación prudente pasa por evitar medidas de hecho y valorar, con apoyo jurídico, si procede requerir la entrega o iniciar la acción judicial que mejor encaje con el caso. Un siguiente paso razonable suele ser ordenar toda la documentación y comprobar si la extinción del contrato puede acreditarse con solidez.